JUSTIFICACIÓN
En el Registro Civil se inscriben los hechos esenciales que afectan a las personas a lo largo de su vida. Así, se anota su nacimiento, su matrimonio, los hijos que tiene, y su defunción. También se tramitan expedientes que responden a vicisitudes en la vida de todas y todos, que provocan modificación de la inscripción inicial: un reconocimiento de paternidad/maternidad, una adopción, un reconocimiento de incapacidad, tutelas, un cambio de nombre, de apellido o de sexo, o incluso la adquisición de una nacionalidad, o la expedición de la fe de vida tan necesaria para nuestros mayores a la hora de poder seguir co-brando pensiones públicas o seguros o complementos privados o de empresa. Por esa razón ha sido atendido desde siempre por funcionarios públicos, y desde hace años pertenecientes al Ministerio de Justicia (o la Consejería de la comunidad autónoma respectiva), que garantizan la privacidad de los datos registrados, así como el acceso libre y gratuito a los legítimos interesados.
Los Juzgados de Paz acercan la administración de Justicia al ciudadano, en cuanto que permiten recibir información general de cualquier procedimiento en el que se sea parte, y actúan, además, como Registro Civil; evitando, de esta manera, desplazamientos de la ciudadanía a las capitales de provincia para realizar trámites de la vida cotidiana, al existir un Juzgado de Paz en cada municipio.
En los últimos años, además, se ha realizado una gran inversión por parte de la Administración Pública para modernizar el funcionamiento del Registro Civil informatizando y digitalizando documentos propios de este servicio y creando un programa que permita el acceso seguro y controlado de los datos que se manejan en el mismo. En concreto se han invertido más de 128 millones de euros de dinero público en nuevas tecnologías.
El Gobierno del Partido Popular pretende dejar en manos de intereses privados el Registro Civil, mediante la entrega de la gestión del mismo a los registradores mercantiles, y pone en cuestión el mantenimiento de los Juzgados de Paz y de los actuales partidos judiciales. Así se recoge en los proyectos de modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley de Planta y Demarcación Judicial, y en el Real Decreto Ley 8/2014 de 4 de julio de 2015.
El 20 de Febrero de éste año, el Parlamento Vasco por mayoría, con el apoyo del Partido Partido Socialista de Euskadi-Euskadiko Ezkerra, Nacionalista Vasco y de Euskal Herria Bildu adoptó el acuerdo de aprobar la proposición no de ley, relativa al mantenimiento del Registro Civil como en la actualidad, para continuar prestando un servicio gratuito y público a la ciudadanía.
En concreto, esta privatización supondrá:
La pérdida de 3.500 puestos de trabajo de empleados públicos que han sido formados, capacitados y especializados en materia de registro civil.
La eliminación de gran parte del cometido de los Juzgados de Paz como medida previa a la supresión de los mismos. De hecho, las reformas de la Ley de Planta y Demarcación Judicial y la Ley Orgánica del Poder Judicial deja la puerta abierta a la supresión no sólo de los Juzgados de Paz sino de también de la mayoría de los partidos judiciales, de manera que solo existan juzgados en las capitales de provincia. Esto unido a la entrega de la encomienda del Registro Civil a los registradores mercantiles, vacío de contenido, aún más, las funciones de los juzgados de Paz, y deja abierta la puerta a la supresión de los mismos.
Establecimiento de tasas por la prestación de los servicios. Si bien, es cierto, que el Real Decreto Ley 8/2014 determina que el servicio será gratuito, los Registradores mercantiles, a pesar de ser funcionarios públicos en la forma de acceso al puesto, y en la función que desarrollan en régimen de monopolio, cobran por sus servicios mediante arancel, y el futuro éstos se extenderán también a los trámites de Registro Civil, que son obligatorios para cualquier ciudadano (inscribir un nacimiento, libro de familia, defunción, expedición de certificados, fe de vida y estado,…) Además, la nueva ley potencia las faculta-des de los Registradores y amplía exponencialmente el número de supuestos que deben ser inscritos previo pago por parte de los ciudadanos ( cualquier poder, inscripción del domicilio, planes de pensiones, testamentos…) Con ello, el Registro Civil va a pasar a ser una actividad mercantil sometida a precio por cada acto que se realice, precio que va a pasar a engrosar los bolsillos de una minoría privilegiada.
Falta de seguridad en la protección de datos. Los empleados del Registro Mercantil no son funcionarios públicos, por lo que van a tener acceso a datos de carácter personal, personas no sometidas a las exigencias de confidencialidad y secreto que tienen los empleados públicos.
La inversión realizada en los últimos años en la modernización del Registro Civil va a pasar a manos privadas, ya que la cesión de la gestión supone la cesión de todos los medios materiales adscritos al mismo. Esta cesión de medios supone un despilfarro de dinero público dado que las inversiones ya están hechas, los medios materiales cubiertos, las infraestructuras asumidas y los medios humanos contratados, formados y capacitados. Es decir, se van a regalar más de 128 millones de euros de dinero público a los Registradores de la Propiedad para su beneficio.
Restricciones en el acceso a nuestra historia personal, de nuestra familia, y como pueblo, que guarda el Registro Civil, donde podemos encontrar información de nuestros antepasados, sus orígenes, y forma de vida.
Por todo lo expuesto, hacemos una petición expresa a este Ayuntamiento de Santurtzi para que:
Se posicione en contra del Real Decreto Ley 8/2014 de 4 de julio, que entrega la gestión del Registro Civil a los registradores mercantiles.
Manifieste la necesidad de que el Registro Civil se mantenga gestionado por las Oficinas de Registro Civil actuales y por los Juzgados de Paz, y prestando un servicio público y gratuito a la ciudadanía ahora y para siempre.
Que reclame al Gobierno Vasco que, en consonancia con la moción aprobada en febrero de este año en el Parlamento Vasco, acelere las negociaciones para el traspaso de las competencias de gestión y ejecución, habida cuenta que el R.D.L. mencionado entrará en vigor el 15 de Julio de 2015.